Breves claves de la geopolítica de los alimentos en el siglo XXI
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Tomás Bontempo, Foreign Affairs Latinoamérica, Noviembre 2026
El escenario mundial de los mercados agrícolas ha experimentado marcadas turbulencias en los últimos años, en el contexto de una transformación estructural del poder internacional (Grosfoguel, 2016; Merino, 2016; Merino y Narodowski, 2019). En este proceso, se ha transitado de un paradigma basado en la centralidad del comercio hacia una lógica sustentada en la seguridad y la reserva estratégica de alimentos (Peña, 2020).
Esta dinámica ha dado lugar al afianzamiento de la geopolítica de los alimentos, determinada por diversos factores que conviene mencionar brevemente. El primero es la brecha entre la demanda de alimentos y la capacidad para producirlos y distribuirlos (Ramírez Castellanos, 2012). En este contexto, algunos Estados utilizan su capacidad productiva agroalimentaria como un instrumento de presión o influencia sobre terceros, mientras que la creciente interdependencia mundial revaloriza tanto los territorios con capacidad para generar excedentes como el control de los puntos de estrangulamiento estratégico (choke points) de las rutas comerciales. Al mismo tiempo, otros Estados se ven impulsados a adoptar medidas para prevenir crisis derivadas del encarecimiento o el desabastecimiento de alimentos.
Esta brecha se ha agudizado como consecuencia de diversos acontecimientos disruptivos, entre ellos las crisis financieras, la pandemia de covid-19, el conflicto en Ucrania y, más recientemente, la guerra en el Medio Oriente, que han generado, entre otros efectos, fuertes alteraciones en las cadenas logísticas de granos, cereales y fertilizantes. A modo de ejemplo, desde la invasión rusa de febrero de 2022 se ha hecho evidente la disrupción de la oferta de productos agrícolas provenientes de Rusia y Ucrania, países que se encuentran entre los principales exportadores de trigo, cebada, maíz, aceite de girasol y fertilizantes (Piñeiro, Rosales, Torero y Valles, 2022).
Ahora bien, el poder de mercado no se ejerce únicamente desde la oferta. Los grandes importadores o compradores también pueden utilizar su poder de demanda, expresado en volumen, como un instrumento de presión. Además de la compra de soya a Estados Unidos por parte de China, la diferenciación entre países importadores y exportadores netos permite observar cómo, en 2020, China estableció aranceles a las importaciones de cebada provenientes de Australia (continuando también con carne y vinos), en el contexto de las declaraciones de funcionarios australianos sobre el origen y la gestión del covid-19. Esta medida llevó a otros productores a cubrir parte de la demanda china y obligó a Australia a redirigir sus exportaciones hacia nuevos compradores.
Este caso permite añadir complejidad al primer factor: grandes importadores, como China, pueden pasar de una posición predominantemente pasiva a combinar objetivos comerciales con objetivos geopolíticos estratégicos (Cogo, 2025). Los alimentos se consolidan así como un instrumento de poder que puede ejercerse tanto desde la oferta como desde la demanda, en un proceso de instrumentalización (weaponization) de los alimentos.
El debilitamiento del multilateralismo comercial
El segundo factor que refuerza la geopolítica de los alimentos es el debilitamiento del multilateralismo o, para ser más precisos, del multilateralismo asociado con el orden liberal occidental y, particularmente, del sistema multilateral de comercio. Este último ha mantenido históricamente importantes déficits en materia agrícola, especialmente desde la perspectiva de los países en desarrollo. Ngozi Okonjo-Iweala ha sido relecta como Directora General de una Organización Mundial del Comercio (OMC) debilitada, cuya reforma y el restablecimiento del Órgano de Apelación continúan entre los temas prioritarios de diversos espacios multilaterales, como el G-20 y los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), frente a las resistencias de algunas de las principales potencias mundiales (Gobierno de España, 2025).
La Unión Europea, por ejemplo, ha solicitado consultas ante la OMC a raíz de las investigaciones antisubvención iniciadas por China sobre el brandy y los productos lácteos europeos, interpretadas como una posible represalia frente a los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos chinos. Por su parte, la India ha planteado cuestionamientos en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC a las normas de la Unión Europea que establecen límites máximos de residuos para determinados productos hortícolas más estrictos que los fijados por el Codex Alimentarius.
Asimismo, la gobernanza agrícola registra importantes focos de fricción en el Comité de Agricultura de la OMC. Países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Ucrania e incluso Argentina han cuestionado los niveles de apoyo interno de la India al trigo y al arroz, que alcanzarían 67% y 87%, respectivamente, muy por encima del límite de 10% establecido en el marco de las disciplinas de la OMC, lo que, según estos países, distorsiona el mercado internacional. En contraposición, la India condiciona el avance de las negociaciones multilaterales a la obtención de un acuerdo permanente sobre la creación de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria. Nueva Delhi sostiene que esta cuestión constituye un imperativo de soberanía frente a un mercado alimentario mundial altamente concentrado, en el que la China, Estados Unidos y la Unión Europea representan, en conjunto, alrededor de 50% del mercado (Mattiaci, 2025).
Esta tensión tampoco es nueva. Las economías desarrolladas han mantenido históricamente políticas proteccionistas respecto de sus mercados agrícolas. En el caso de la Unión Europea, la Política Agrícola Común, impulsada a partir del Plan Mansholt de 1968, fue determinante para el desarrollo y la protección de su sector agropecuario, hasta el punto de que difícilmente podría explicarse sin ella la transformación de algunos de sus miembros en importantes exportadores de alimentos. En este contexto, también cabe recordar que en 1986 se creó el Grupo Cairns, una coalición de diecinueve países agroexportadores cuyo objetivo era impulsar la liberalización del comercio internacional de productos agrícolas.
Este estancamiento institucional de la OMC coexiste con una dinámica de fragmentación geoeconómica y con tendencias proteccionistas, en la cual los flujos comerciales se reordenan en función de los alineamientos políticos y favorecen estrategias como la deslocalización cercana (nearshoring), la deslocalización concertada (friendshoring) y la reducción de riesgos (de-risking) (Zelicovich y Sidicaro, 2025).
China y Estados Unidos: la soya como instrumento de poder
Ahora bien, el tercero de los factores que explican el afianzamiento de la geopolítica de los alimentos se relaciona con las disputas comerciales entre China y Estados Unidos (Turzi, 2025). La política comercial estadounidense ha mantenido un sesgo históricamente proteccionista en el sector agrícola —agudizado tras la crisis de 2008— y respaldado por su posición como uno de los principales productores y exportadores mundiales de bienes estratégicos como el maíz, la soya y la carne vacuna. Si bien la producción agropecuaria directa representa una proporción reducida del PIB estadounidense, el país mantiene una red de apoyo regulatorio y financiero articulada por medio de la Ley Agrícola, incluida la Ley de Mejoramiento Agrícola de 2018, con un presupuesto proyectado de 428 000 millones de dólares a 5 años. Esta política busca proteger a los productores frente a los riesgos climáticos y la volatilidad de los precios, aunque también puede contribuir a generar sobreproducción y distorsiones en los mercados internacionales (Ilescas, 2020).
En un escenario en el que la seguridad alimentaria opera como un imperativo de seguridad nacional, China, por su parte, ha logrado utilizar su escala como importador para convertir el poder de demanda en un mecanismo de presión comercial.
La soya, un insumo esencial para la industria porcina china, ha sido uno de los principales productos agrícolas afectados por los aranceles cruzados desde el inicio de la guerra comercial en 2018. Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores mundiales de soya, y sus exportaciones de este producto a China registraron un promedio superior a 10 000 millones de dólares entre 2017 y 2021. No obstante, en 2018, ante los aranceles impuestos por el primer gobierno de Donald Trump, China estableció medidas arancelarias de represalia sobre productos agroalimentarios estadounidenses, afectando directamente a la soya y a otros productos de origen animal y vegetal.
Este panorama de incertidumbre se renovó con el segundo mandato de Trump y las amenazas de represalias mutuas mediante aranceles superiores a 100%. En ese contexto, la participación de Estados Unidos en las importaciones totales de soya de China cayó del 21% en 2024 a 15% en 2025 (S&P, 2025). Sin embargo, China importó un récord histórico de 112 millones de toneladas como resultado de una estrategia de diversificación de proveedores, en la que Sudamérica alcanzó una participación sin precedentes de 83%. Brasil incrementó considerablemente sus exportaciones de soya a China, mientras que Argentina registró un récord de exportaciones durante el último trimestre de 2025 (Contardi y Terre, 2025).
Posteriormente, tras una reunión entre Trump y Xi en octubre de ese año, ambos gobiernos acordaron reducir los aranceles y extender una tregua comercial por un año, vigente hasta noviembre de 2026, además del compromiso de China de adquirir 25 millones de toneladas anuales de soya estadounidense entre 2026 y 2028. La reunión más reciente entre ambos líderes, celebrada en septiembre de 2026, no eliminó el arancel aplicado a la soya estadounidense, que se mantiene en 13%.
Cambio climático y vulnerabilidad de los mercados agrícolas
El cuarto factor relevante tiene que ver con el cambio climático. En el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “El estado de los mercados de productos agrícolas 2026”, se aborda de manera cuantitativa el impacto de la crisis climática y de los eventos meteorológicos extremos sobre los sistemas agroalimentarios internacionales. En este sentido, el informe de la FAO “El impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria 2025”, estima que, entre 1991 y 2023, los desastres y los eventos climáticos extremos generaron pérdidas acumuladas de más de 3 billones de dólares en los sistemas agrícolas mundiales, equivalentes a un promedio de 99 000 millones de dólares anuales —cerca de 4% del PIB agrícola mundial—, con la consecuente reducción neta de la disponibilidad alimentaria per cápita.
Si bien los cereales constituyen el grupo de productos más afectado en términos absolutos, la ganadería también exhibe una elevada vulnerabilidad al estrés térmico. Entre los cultivos, la evidencia disponible indica una marcada sensibilidad diferencial: según el informe, el trigo presenta una menor sensibilidad relativa a la sequía que el maíz, cuyo rendimiento puede reducirse hasta 39% ante una restricción hídrica del orden de 40% (Daryanto, Wang y Jacinthe, 2016). A su vez, el informe de la FAO proyecta que un incremento de 10% en la frecuencia de los eventos climáticos extremos derivaría en una caída de 7.6% en el comercio internacional de maíz, lo que subraya la fragilidad estructural de las cadenas de suministro ante la intensificación de los fenómenos climáticos.
Esta vulnerabilidad se manifiesta de manera heterogénea según la región. El Cuerno de África y el Sudeste Asiático concentran una parte significativa de los eventos de mayor severidad relativa, mientras que episodios recientes —como la sequía en Argentina en 2023, las inundaciones en Brasil en 2025 y la ola de calor registrada en Europa en 2026— ilustran la exposición simultánea de algunos de los principales polos productores mundiales a choques climáticos de distinta naturaleza. Estos episodios refuerzan la necesidad de fortalecer la resiliencia de los mercados agrícolas internacionales.
El papel de las expectativas resulta central en la formación de los precios agrícolas, en la medida en que los mercados reaccionan con marcada anticipación a los eventos climáticos disruptivos. Las expectativas comerciales y de precios asociadas con los pronósticos de choques climáticos comienzan a activarse durante el periodo de crecimiento de los cultivos, lo que explica —según las estimaciones del informe— una proporción sustancial del impacto total sobre los precios, incluso antes de que la pérdida física de la cosecha llegue a materializarse.
Esta dinámica anticipatoria se ve amplificada por la elevada concentración geográfica del comercio internacional de cereales, lo que convierte cualquier choque de oferta en un potencial detonador de efectos sistémicos sobre las cadenas mundiales de suministro. En este contexto, la respuesta de política comercial de los grandes exportadores resulta determinante: cuando estos países, en lugar de cooperar, optan por imponer restricciones o prohibiciones a las exportaciones para proteger sus mercados internos, el efecto neto es una contracción de la oferta disponible en el mercado mundial. Bajo el escenario de choque sistémico simulado por la FAO —a partir de un episodio de El Niño de fase cálida intensa—, la imposición de este tipo de restricciones incrementaría en 21.4 millones el número de personas que caerían en situación de hambre respecto de la línea de base del desastre sin restricciones. El resultado ilustra el carácter potencialmente contraproducente de las respuestas unilaterales frente a los choques agroalimentarios mundiales.
La brecha tecnológica y las nuevas asimetrías
El quinto factor es la dimensión científico-tecnológica, que constituye un eje central para comprender las tendencias agroalimentarias mundiales contemporáneas. No obstante, es importante subrayar que estas tecnologías no operan de manera neutral: se encuentran imbricadas en estrategias de planificación tanto estatales como privadas, lo que condiciona su alcance y distribución territorial (Trucco y Locher, 2025).
La primera revolución tecnológica estuvo sustentada en innovaciones genéticas y agronómicas, cuyo acceso por parte de los países en desarrollo se facilitó por medio de organismos internacionales, instituciones tecnológicas nacionales y, solo más recientemente, empresas privadas. En la actualidad, sin embargo, asistimos a una segunda revolución tecnológica basada en la biotecnología, la informática y la inteligencia artificial (IA), cuyo desarrollo recae en buena medida en el sector privado. Frente al debilitamiento de las organizaciones internacionales y del espíritu multilateral señalado en los factores anteriores, no resulta evidente de qué manera los países en desarrollo podrán acceder a tecnologías controladas, en gran medida, por un número reducido de empresas privadas (ETC Group, 2022).
Esta reconfiguración tecnológica ya se traduce en asimetrías productivas concretas al interior de los propios países. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos documenta que 70% de las explotaciones de gran escala emplea tecnologías de agricultura de precisión —como monitores de rendimiento y sistemas de autoguiado satelital—, frente a apenas 13% de las explotaciones pequeñas (McFadden, Njuki y Griffin, 2023). La evidencia reciente sobre la adopción de IA en el sector agropecuario de los países en desarrollo confirma que esta brecha puede profundizarse en esos contextos, donde los pequeños productores —que representan cerca de 80% de los agricultores del mundo en desarrollo— enfrentan barreras estructurales relacionadas con la infraestructura eléctrica, la conectividad, el financiamiento y la alfabetización digital, que limitan su capacidad para beneficiarse de estas innovaciones. A ello se suma la persistente dependencia de patentes extranjeras para semillas y software agrícola, lo que refuerza la vulnerabilidad tecnológica de los países de menor desarrollo frente a aquellos que, junto con las corporaciones, concentran la propiedad intelectual de estas herramientas (UNCTAD, 2026).
Excedentes, rutas y tecnología: los nuevos activos del poder
A lo largo de este trabajo hemos identificado cinco factores que, en conjunto, permiten explicar la consolidación de una geopolítica de los alimentos en el siglo XXI: la instrumentalización del poder de mercado —tanto por parte de los exportadores que capitalizan sus excedentes productivos como de los importadores que convierten su volumen de demanda en presión estratégica—; el debilitamiento del multilateralismo comercial y el consecuente estancamiento institucional de la OMC; la profundización de la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, con la agricultura como terreno de disputa arancelaria; la creciente fragilidad de los sistemas agroalimentarios frente a la intensificación de los eventos climáticos extremos, y, finalmente, una brecha tecnológica que amenaza con reproducir y profundizar las asimetrías Norte-Sur ya existentes en el comercio agrícola.
Estos cinco factores no operan de manera aislada, sino que se retroalimentan. La fragmentación geoeconómica erosiona los canales multilaterales que históricamente han contribuido a amortiguar las crisis de oferta, mientras que la concentración tecnológica en manos privadas limita la capacidad de los países en desarrollo para adaptarse tanto a los efectos del cambio climático como a las tensiones comerciales entre las grandes potencias. El resultado es un escenario en el que la seguridad alimentaria ha dejado de circunscribirse al ámbito del comercio técnico gestionado por las burocracias internacionales y adquiere una dimensión cada vez más estratégica. En este contexto, el control de los excedentes, las rutas comerciales y las tecnologías agrícolas se consolida como un activo relevante de poder en el sistema internacional contemporáneo.
