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'''La Nación, Suplemento de Comercio Exterior, 3 de abril de 2012'''

''Por Emiliano Galli''

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner les abrió las puertas a otros países para que le inicien un panel de investigación en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La queja elevada por los representantes diplomáticos de los Estados Unidos ante el Comité de Comercio de Mercaderías de la OMC -que fue secundada por escrito por socios comerciales de peso de la Argentina (como la Unión Europea o China) y luego sumó adhesiones entre vecinos latinoamericanos, entre otros- no critica el proteccionismo argentino, sino la forma en que lo aplica.

En esa amplia brecha entre problemas de fondo y de forma, la apertura de un panel habilitaría la posibilidad de aplicar mecanismos de retaliación, es decir, medidas espejo o represalias comerciales hasta tanto el panel concluya que la Argentina dañó sistemáticamente con su administración del comercio el normal flujo del intercambio de mercaderías con los países denunciantes.

Estados Unidos, un socio importante pero que perdió relevancia con los años, suprimió el mecanismo unilateral que les otorga a varios países de preferencias arancelarias. Si China detiene una vez más sus compras de aceites de soja o si Europa frena las importaciones agroalimentarias de origen argentino, o las compras de biodiésel, el panorama para la Argentina se vuelve negro.

En realidad, la denuncia la realizaron países cliente que compran más de un cuarto de todo lo que vendemos: 26.635 millones de dólares, es decir, un 28% del total de exportaciones argentinas en 2011, según cálculos de Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI).

En ese monto figuran los embarques a la Unión Europea (US$ 14.300 millones); Estados Unidos (4276 millones); Corea del Sur (1010 millones); México (940 millones); Japón (876 millones); Suiza (580 millones); Turquía (562 millones); Tailandia (532 millones); Israel (239 millones); Taiwan (177 millones); Nueva Zelanda (90 millones); Noruega (41 millones), y Panamá (12 millones). Todos estos firmaron la denuncia en contra de la Argentina.

"La mitad de las exportaciones argentinas a la Unión Europea son de origen agropecuario. Y los productos de este origen es lo que la Argentina más exporta. Los productos industriales se exportan principalmente a la región", describió Elizondo.

"Entendamos algo -la principal reacción no es que la Argentina sea proteccionista, si no que es irregular en la aplicación de mecanismos previstos por la OMC como las licencias no automáticas", amplió Elizondo.

Es curioso el abuso del recurso a las licencias no automáticas y el uso prácticamente nulo de otros recursos, como las salvaguardas comerciales, que permite la OMC y consiste en limitar las importaciones cuando se verifica un aumento notorio o fuera de lo común y afecta a una industria en particular. Si bien el Gobierno suele defender su modelo de protección argumentando que un mundo en crisis se cierra y obliga a las "fábricas del mundo" a colocar en mercados emergentes o menos afectados por tal crisis los excedentes de la producción, en la práctica, no aplicó tantas salvaguardas como debería si su discurso se aplicara plenamente en la realidad.

El tema es que las salvaguardas se aplican a mercaderías, sin distinción de países. China y Brasil tienen perfiles de exportaciones a la Argentina bastante similares, salvo en la industria automotriz y en otras con acuerdos bilaterales. Ponerle la salvaguarda a un producto para luego investigar si se hizo daño a un sector productivo local implica afectar a un socio con el que tal vez no se tienen tantos conflictos.

"Molestan las medidas no previstas por la OMC, como la declaración jurada anticipada de importación [DJAI], que obliga a pedir permiso antes de colocar una orden de compra afuera; las notas de pedido a Guillermo Moreno; el freno a las importaciones en la Aduana; obligar a exportar para poder importar. Nos están acusando de no respetar las instituciones", resumió Elizondo.

Y de nuevo, no protestan por el uso de las licencias no automáticas, aun cuando el universo de posiciones afectadas asciende a por lo menos 600, sino que si el plazo máximo establecido por la OMC es de 60 días, y como una cuestión excepcional 90 días, la Argentina tomó el plazo excepcional y lo hizo casi estándar, y muchas veces la discrecionalidad se torna irregularidad de hecho.

Según la organización no gubernamental Global Trade Alert, que monitorea en el plano internacional la aplicación de medidas proteccionistas, la Argentina fue el país que aplicó más medidas proteccionistas en materia de política comercial externa en los últimos 12 años: en total, fueron 38 (124 desde junio de 2008); seguida por Rusia, con 32, y China, con 21.

"Una forma de minimizar las restricciones comerciales es argumentar que existen en todos lados y que la OMC está depreciada. Pero este desgaste de la OMC no desgasta los principios y las normas que hoy son más acuciantes que nunca por el ritmo que lleva la economía global y porque los países están más constreñidos que nunca al cumplimiento recíproco de normas", indicó Marcelo Halperín, docente especialista en relaciones económicas internacionales.

Ese desgaste de la OMC derivó en una proliferación de acuerdos comerciales bilaterales de la última década y no encontró a la Argentina en ese frenesí de firmas. Pero eso no quiere decir que sea autónoma: los compromisos asumidos de promoción del intercambio y de protección de las inversiones son preexistentes. Y el incumplimiento de ciertos pronunciamientos y laudos arbitrales confirman todavía más el aislamiento.

"Es un error creer que porque la OMC está mal se puede hacer cualquier cosa. Todo lo contrario: la economía global reforzó las exigencias desde el punto de vista del cumplimiento de principios", indicó.

En la práctica, una cosa es la obligación de informar y el derecho del país que importa de prohibir o suspender determinadas cantidades con argumentos, señaló Halperín, "pero otra cosa es condicionar el despacho a plaza de una mercadería", puntualizó .

Lucio Castro, director del Programa de Integración Global de Cippec, calificó de "durísima" la presentación "ante el comité más importante de la Organización Mundial del Comercio".

"Este es el primer paso a un panel", agregó.

Fuentes privadas en contacto con la Cancillería aseguraron que el Gobierno fue advertido de esta posibilidad si no regularizaba su política de importaciones.

Durante la instancia del panel, los gobiernos que se consideren dañados por la política argentina están en condiciones, autorizados, de colocar medidas de represalia.

"Es una carta blanca para la retaliación entre que se abre el proceso y se demuestra o no el daño", indicó otro especialista en relaciones internacionales.

Los paneles suelen armarse respecto de un producto en particular y un país. Se arma la jurisprudencia y se toman medidas.

"En el caso de la Argentina, el argumento de la presentación no habla de un producto. Habla de todas las medidas que toma el país en materia de importación. No importa que las restricciones no cuenten con resoluciones y sean derivadas de restricciones orales. La realidad es que afecta a exportaciones de muchos países", agregaron.

Para Castro, la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1994, y su instrumentación en 1995, implicó un cambio rotundo para los mercados emergentes. "Fue una importante restricción a su libertad de hacer política económica. De hecho, muchas de las políticas que se instrumentaron antes de la existencia de la OMC están totalmente prohibidas hoy, y eso es porque la OMC le impuso reglas al comercio", amplió.

Palabras más, palabras menos, la Argentina llegó a su límite. "El mundo parece decirnos: «Te podés aislar, pero atenete a las consecuencias», es decir, a las represalias", sostuvo Castro.

La Argentina fue "aplicada" al utilizar las medidas legales y permitidas por la OMC para instrumentar su ya famosa globalmente política de comercio exterior administrado fuertemente por el Estado.

Recurrió a las licencias no automáticas, tal como hace la Unión Europea, como medida de monitoreo de las importaciones, para medir la evolución de un producto motivada por cuestiones de seguridad, salud o riesgo para la población.

La universalidad de la medida, por un lado, y sobre todo la desprolijidad y la negligencia, por el otro, le dan ahora argumentos al mundo para venirse en contra del país..
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